La igualdad vinculante fortalece a los municipios y a la democracia
Declaración del Grupo de Trabajo Regional de las responsables municipales de igualdad de Turingia:
Somos las responsables de igualdad
Somos las responsables municipales de igualdad de Turingia. Conocemos a las personas que hay detrás de las cifras y las estadísticas. Acompañamos a las mujeres que sufren violencia. Apoyamos a las familias monoparentales, coordinamos los servicios de ayuda, defendemos la igualdad de oportunidades y reforzamos la cohesión social en nuestras ciudades y municipios. Nuestro trabajo no es una ideología, es responsabilidad puesta en práctica.
Por eso nos deja aún más consternadas el hecho de tener que justificar nuestro trabajo una y otra vez. Mientras los retos aumentan, se pretende debilitar precisamente aquellas estructuras que apoyan, protegen y facilitan la participación de las personas.
No se trata de nuestros puestos de trabajo. Se trata de las personas de las que somos responsables. La igualdad no es un proyecto ideológico ni un servicio municipal voluntario. Es un mandato constitucional y un requisito imprescindible para una sociedad justa, democrática y digna.
Cada hora que dedicamos a justificar nuestra existencia legal es una hora que nos falta para las mujeres, las familias y las personas que dependen de nuestro apoyo. Defendemos una sociedad en la que la igualdad no sea una mera declaración de intenciones, sino una realidad vivida. Por eso alzaremos la voz cuando se ponga en tela de juicio el mandato legal y constitucional de la igualdad. No queremos dedicar nuestro tiempo a defender nuestra propia existencia. Queremos dedicarnos a aquello para lo que fuimos designadas: apoyar a las personas, eliminar las desigualdades y contribuir a que la igualdad siga siendo una realidad en nuestros municipios.
Declaración de la Asociación Federal de Delegadas de Igualdad:
La igualdad vinculante fortalece a los municipios y a la democracia
Por segunda vez en pocos meses, se pone en tela de juicio el reconocimiento legal del trabajo municipal en materia de igualdad en Turingia
La Asociación Federal de Oficinas Municipales de la Mujer y de Igualdad (BAG) critica enérgicamente el nuevo proyecto de ley presentado en el Parlamento regional de Turingia, con el que se pretende suprimir la obligación legal de nombrar responsables municipales de igualdad.
Después de que un primer proyecto de ley para la supresión de estructuras fundamentales de la política de igualdad ya fracasara en primavera en el Parlamento regional de Turingia, ahora se produce un nuevo intento con el objetivo de socavar la labor municipal en materia de igualdad consagrada en la ley. El nuevo proyecto justifica la supresión de la obligación legal, fundamentalmente, por restricciones presupuestarias, la autonomía municipal y la afirmación de que las medidas voluntarias en materia de igualdad son suficientes para cumplir con la Constitución. Ninguna de estas
justificaciones resiste un análisis más detallado.
El argumento presupuestario se queda corto
El proyecto de ley presenta a las responsables municipales de igualdad como un factor de coste prescindible que compite con tareas obligatorias como la protección contra incendios o las infraestructuras. Esta comparación se queda corta, ya que las responsables municipales de igualdad asumen una tarea legalmente obligatoria y realizan a diario un trabajo concreto en beneficio de la población local. Asesoran de forma confidencial a personas que sufren discriminación o desventajas, apoyan a las víctimas de violencia de género y doméstica, facilitan el acceso a los sistemas de ayuda y contribuyen a que los servicios de protección y asesoramiento locales funcionen y se sigan desarrollando.
Al mismo tiempo, participan activamente en la configuración de los municipios. Incorporan los aspectos de igualdad de género en el desarrollo urbano y regional, abogan por espacios públicos seguros, infraestructuras sin barreras y ofertas de movilidad adaptadas a las necesidades, y contribuyen a que las familias, las personas que crían solas a sus hijos o las personas mayores se tengan en cuenta en la planificación municipal. Apoyan a las mujeres en su camino hacia la asunción de responsabilidades en la política municipal, acompañan a las redes municipales y ayudan a captar fondos para proyectos.
A esto hay que añadir que los supuestos ahorros son desproporcionados en comparación con los costes derivados que pueden surgir si se debilitan las estructuras de prevención y apoyo que funcionan, si ya no se acceden a las ayudas o si la planificación no tiene suficientemente en cuenta a grupos importantes de la población. Por lo tanto, el desmantelamiento de las estructuras vinculantes de igualdad no supone un ahorro, sino que simplemente traslada los costes y los riesgos al futuro.
El carácter voluntario no cumple con el mandato constitucional
Resulta especialmente problemática la afirmación del proyecto de ley de que el artículo 3, apartado 2, frase 2, de la Ley Fundamental ya se cumple con el mero hecho de que los municipios puedan nombrar voluntariamente a responsables de igualdad. Precisamente esta opinión es la que refuta el dictamen jurídico encargado por la BAG a la profesora Dra. Ulrike Lembke.
El dictamen llega a una conclusión inequívoca: el Estado está obligado constitucionalmente a proporcionar estructuras eficaces y respaldadas institucionalmente para promover la igualdad efectiva. El mandato de igualdad no debe dejarse en manos de la acción voluntaria ni de soluciones no vinculantes. Las disposiciones legales que suprimen las estructuras de igualdad existentes o dejan su creación a la libre discreción de los municipios no cumplen con este mandato constitucional.
Un mandato legal sin competencias vinculantes no pasa de ser un mandato sobre el papel. Precisamente en tiempos de escasez de recursos, la experiencia demuestra que lo que es voluntario es, inevitablemente, lo primero en caer víctima de las medidas de ahorro. En consecuencia, un derecho legal se convertiría, de hecho, en una oferta municipal discrecional, que dependería de la situación presupuestaria y de las mayorías políticas locales. De este modo, se crea un mosaico heterogéneo en el ejercicio de un derecho fundamental. Esto contradice el derecho constitucional a una aplicación fiable y eficaz de las obligaciones estatales de protección y promoción.
En otras palabras: el proyecto de ley no solo ignora el sentido y la función del trabajo municipal en materia de igualdad, sino que también contradice los requisitos constitucionales para la aplicación del mandato de igualdad.
La democracia necesita estructuras de igualdad
Quien quiera desmantelar estas estructuras no debilita la burocracia, sino la infraestructura del Estado de derecho y la democracia. El nuevo proyecto de ley demuestra una vez más que no se trata de una simplificación administrativa, sino del desmantelamiento de estructuras vinculantes de igualdad. Por ello, la BAG hace un llamamiento a los grupos parlamentarios democráticos del Parlamento regional de Turingia para que se tomen en serio el mandato constitucional en materia de igualdad y sigan garantizando de forma vinculante la labor municipal en materia de igualdad:
«La igualdad de derechos no es una oferta municipal voluntaria. Es un mandato constitucional. Quien quiera eliminar sus fundamentos institucionales pone en tela de juicio la aplicación vinculante de un derecho fundamental».